Fidere obliga a subidas del 60% de la renta a vecinos de Buenavista
Vecinos de Buenavista denuncian que “Fidere ha decidido no renovar más nuestros contratos, que finalizan el próximo 3 de octubre, ofreciendo en su lugar nuevos contratos con subidas de entre el 40% y el 60% en la renta, más Gastos de Comunidad e IBI”.
GETAFE/ 24 SEPTIEMBRE 2022/. Un nuevo caso de especulación con la vivienda en nuestro municipio. Los vecinos y vecinas que viven en las promociones de Avda. Segunda República 15, 17 y 19 y Calle Lina Odena 1, 3, 5 y 7 en el barrio de Buenavista se han encontrado con la decisión de su arrendador la empresa FIDERE PATRIMONIO SOCIMI S.A de no renovar sus actuales contratos que finalizan el próximo 3 de octubre, ofreciendo a sus actuales inquilinos “nuevos contratos con subidas de entre el 40% y el 60% en la renta, más gastos de comunidad e IBI”.
Según explica uno de los vecinos afectados “en mi caso concreto, un piso de dos dormitorios, 59 m², con dos plazas de garaje y un trastero, me suben un 32% la renta, pero al incluirse también el IBI, al final pasaré de pagar 751 € a 1.041 €”.
Los vecinos y vecinas afectados se han puesto en manos del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid para negociar de manera colectiva con este fondo buitre “considerando la situación económica actual, creemos que es totalmente inmoral aplicar una subida tan exagerada, teniendo en cuenta que el arrendador, el inmueble y el arrendatario son los mismos y, al ser Fidere filial de Blackstone, una empresa propietaria de millones de inmuebles en el mundo, se aprovechan de su posición dominante y no dan opción a negociación, por no mencionar que tenemos que «tragar» con las cláusulas que ellos estipulan, algunas de ellas con serias dudas sobre si son o no abusivas.”
La portavoz de Podemos Getafe y segunda teniente de alcaldesa, Alba Leo, ha expresado en sus redes su apoyo a las vecinas y vecinos afectados por esta situación:
Mismo “modus operandi”
No es la primera vez que sucede esto en nuestro municipio, hace tres años casi 250 familias se tuvieron que movilizar contra el mismo fondo por una situación similar. Hace unos meses la misma situación la viven vecinos de Torrejón de Ardoz.
Blackstone es considerado el mayor casero de España, a través de diversas filiales controla más de 20.000 viviendas. A través del modelo de colaboración público privada impulsado por las administraciones públicas obtiene viviendas de desarrollos urbanísticos con los cuales especular a futuro en especial con viviendas de protección pública como es el caso.
Esta situación podría revertirse de aprobarse la nueva ley de Vivienda que el Gobierno de España tiene redactada. Aunque al tratarse de competencias de ámbito autonómico la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que ella no cumplirá con esa ley por considerarla “un ataque directo a la propiedad privada”.
