Un juzgado de Getafe se niega a suspender un juicio a una abogada de baja por embarazo
El caso de la letrada Beatriz Duro, en baja por maternidad, enfrenta la denegación de una suspensión judicial, desatando el debate sobre los derechos laborales en la profesión.
GETAFE/ 17 DICIEMBRE 2024.- Beatriz Duro, abogada colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), protagonizó este verano un episodio que refleja los retos que enfrentan los profesionales del derecho al intentar conciliar la vida personal y laboral. En el marco de su baja por maternidad, se encontró con la negativa del Juzgado Mixto Nº5 de Getafe a suspender un juicio de desahucio del turno de oficio, a pesar de no existir razones de urgencia que justificaran continuar con el proceso.
Según explicó a Confilegal, el juzgado le instó a solicitar al ICAM el nombramiento de otro abogado de oficio para que asumiera el caso. Duro calificó esta decisión como discriminatoria, destacando que la ley no contempla el cambio de letrado en estas circunstancias. “No somos cromos intercambiables”, afirmó, subrayando además la falta de consideración hacia la calidad de la defensa al asignar el caso a un profesional no familiarizado con los detalles tras dos años de tramitación judicial.
La respuesta del ICAM y el amparo logrado
Ante esta situación, Duro solicitó amparo al ICAM, que actuó con celeridad. Finalmente, el juicio fue suspendido y se celebró tras las 16 semanas obligatorias de su baja por maternidad. Esta intervención pone de relieve la importancia del apoyo institucional en casos donde los derechos laborales de los abogados se ven vulnerados.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, expresó su compromiso con la garantía del derecho a la conciliación, calificándolo como una prioridad que impacta tanto en el bienestar personal de los letrados como en la calidad de la defensa de sus clientes. Sin embargo, denunció que la discrecionalidad judicial y la falta de criterios claros siguen obstaculizando este derecho fundamental, a pesar de avances como el artículo 14 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
Una lucha colectiva: la campaña de firmas del ICAM
Casos como el de Beatriz Duro o el de un abogado que acudió a juicio con una fractura de peroné motivaron al ICAM a lanzar, el pasado 1 de mayo, una campaña de recogida de firmas para exigir a los jueces garantizar el derecho a la conciliación de la abogacía. Hasta ahora, la iniciativa ha reunido más de 2.000 firmas, presentadas por Ribón el 4 de diciembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según Ribón, la conciliación no debería ser una excepción, sino una garantía para todos los abogados. “No cesaremos en nuestra labor reivindicativa hasta que este derecho sea plenamente reconocido”, afirmó.
El papel del ICAM en la defensa de los letrados
Cuando un abogado solicita apoyo, el ICAM moviliza su área de Defensa de la Abogacía, que analiza la situación procesal y establece contacto inmediato con el juzgado correspondiente para gestionar la suspensión del acto judicial o de la tramitación del procedimiento. Estas intervenciones tienen un índice de éxito superior al 95%, según datos del Colegio.
El ICAM también dispone del servicio 112 Abogacía, operativo 24/7, que brinda soporte urgente a los abogados en casos como este. Este año, el Colegio gestionó más de 322 suspensiones por causas de fuerza mayor, en línea con el Real Decreto-ley 5/2023.
Conciliación: un derecho imprescindible
El caso de Beatriz Duro evidencia las barreras que enfrentan los abogados para ejercer su profesión sin sacrificar derechos fundamentales como la conciliación. Mientras el ICAM sigue trabajando para que la normativa sea aplicada de manera uniforme y justa, el debate persiste: ¿hasta cuándo será necesario reclamar lo que debería ser un derecho básico?
Este episodio no solo pone de manifiesto la falta de sensibilidad en ciertos sectores judiciales, sino también la importancia de una abogacía fuerte y unida en defensa de sus propios derechos y los de sus clientes.
