Denuncian el incumplimiento de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética
Las organizaciones sociales alertan sobre la falta de medidas efectivas y el aumento del riesgo de exclusión social
GETAFE/18 FEBRERO 2025.- En el marco de la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, que se celebra del 17 al 23 de febrero, más de 30 organizaciones sociales y ecologistas han denunciado la falta de implementación de las medidas recogidas en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. Según el último análisis de Ecodes, solo un 21% de las medidas contempladas en el documento han sido implementadas completamente.
Las organizaciones han publicado un manifiesto conjunto en el que recuerdan la obligación de las administraciones públicas de garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales como la energía, el agua y el transporte. «No solo se trata de derechos; eliminar la pobreza energética es una cuestión de salud pública, de cumplimiento de la legislación europea y, por supuesto, de justicia social», afirman.
El problema se agrava ante el incremento del porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, que según el INE alcanza el 26,5%. A esto se suma la subida de la factura de la luz, impulsada por la recuperación de impuestos eliminados de manera excepcional durante la crisis energética y la pandemia. El IVA vuelve al 21%, el impuesto especial a la electricidad (IEE) se sitúa en el 5,11% y el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) al 7%. Además, los cargos del sistema para las tarifas domésticas han aumentado más de un 30%.
Entre las medidas exigidas por las organizaciones está la revisión del bono social eléctrico para que llegue automáticamente a las personas vulnerables, sin necesidad de trámites adicionales. Según datos de Esade-Oxfam, el 80% de los beneficiarios potenciales no lo reciben. Asimismo, piden la prohibición de los cortes de suministro por impago en hogares vulnerables, siguiendo el modelo de la ley catalana 24/2015.
También se reclama la implementación de medidas estructurales como inversiones en eficiencia energética para hogares vulnerables, la vinculación de asesorías energéticas a ayudas públicas y el aumento de la inversión pública en energías renovables, priorizando su acceso a personas vulnerables.
Las organizaciones han realizado un llamamiento a todas las administraciones, desde el Estado hasta los municipios, para afrontar la crisis climática y transformar el sistema energético con un enfoque centrado en la justicia social.
