El Constitucional frena el recorte de derechos de las asociaciones LGTBI en Madrid
El alto tribunal anula parte de la ley autonómica que limitaba la capacidad de las organizaciones para representar a víctimas en procesos penales, una medida impulsada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso
GETAFE/11 ABRIL 2025.- El Tribunal Constitucional ha anulado uno de los artículos más controvertidos de la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, impulsada por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. En una decisión respaldada por la práctica totalidad del pleno —con un único voto en contra—, el alto tribunal estima el recurso presentado por el Gobierno central contra la reforma que restringía la capacidad de las asociaciones LGTBI para representar a víctimas de delitos de odio en procedimientos penales o sancionadores.
La norma, que desde su entrada en vigor limitaba severamente la participación de las organizaciones del colectivo, impedía que estas pudieran ejercer como parte interesada en un proceso judicial, incluso si contaban con el consentimiento explícito de la víctima. Esta disposición fue suspendida de manera cautelar en julio del año pasado, tras la admisión a trámite del recurso por parte del Constitucional.
La ley LGTBI, junto con la ley Trans también modificada por el Ejecutivo madrileño, ha sido objeto de duras críticas por parte de entidades sociales y juristas, que la consideran una regresión en los derechos del colectivo. Ambas normas fueron modificadas por el Gobierno de Ayuso con el argumento de “ajustarlas a la legalidad” y “evitar excesos ideológicos”, lo que en la práctica supuso un recorte en herramientas fundamentales para la protección de personas LGTBI.
En respuesta a la decisión del tribunal, Miguel Ángel García Martín, consejero y portavoz del Gobierno madrileño, ha defendido la reforma: “Viene a decir que la reforma de esa ley estaba bien hecha. El resto de la reforma queda intacta”, ha asegurado, minimizando el impacto del fallo.
Desde las asociaciones LGTBI, en cambio, se celebra la sentencia como un paso clave para recuperar espacios de representación y defensa jurídica que consideran esenciales en la lucha contra la discriminación y los delitos de odio.
La resolución del Constitucional supone un revés legal para el Ejecutivo autonómico y un alivio para quienes consideran que las reformas impulsadas en la Comunidad de Madrid suponen un retroceso en la garantía de derechos del colectivo LGTBI.
