El 41% de los municipios con menor inversión en servicios sociales pertenecen a la Comunidad de Madrid
Getafe, Leganés y otras ciudades madrileñas se encuentran entre los 46 municipios con menor presupuesto para servicios sociales, debido a los incumplimientos de la Comunidad de Madrid con la legislación vigente
GETAFE/04 FEBRERO 2025.- La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha publicado, por décimo año consecutivo, un análisis detallado de los presupuestos municipales dedicados a la partida de «Servicios Sociales y Promoción Social», correspondiente al Presupuesto Liquidado de 2023. Este informe pone de manifiesto la escasa inversión en este ámbito por parte de los municipios de más de 20.000 habitantes en España, con un dato alarmante: el 41% de los municipios con menor inversión social se localizan en la Comunidad de Madrid.
De los 46 municipios con menor inversión en servicios sociales, 19 pertenecen a la región madrileña. En contraste, las ciudades de Barcelona y Bilbao se destacan entre los 21 ayuntamientos que superan los 200 euros por habitante destinados a servicios sociales, evidenciando una clara disparidad en el esfuerzo de los distintos territorios por asegurar la financiación adecuada para este área.
Las competencias en servicios sociales son responsabilidad de las Comunidades Autónomas, esta competencia puede ser delegada a los Ayuntamientos mediante una financiación al 100% del coste por parte de la administración competente. En la Comunidad de Madrid, la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, regula esta transferencia de competencias, estableciendo que los municipios deben recibir los recursos materiales, personales y económicos necesarios.
Sin embargo, a pesar de los convenios firmados entre algunos municipios, como Getafe y Leganés, con la Comunidad de Madrid, que obligan a los Ayuntamientos a aportar un 20% del dinero destinado a los servicios sociales, las ciudades madrileñas continúan siendo calificadas como «pobres» en cuanto a la inversión social. Esto se debe al incumplimiento de las obligaciones por parte del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, que sigue sin garantizar una financiación suficiente para cubrir las necesidades sociales de los municipios.
Esta situación demuestra la urgencia de una reforma en la distribución de fondos para servicios sociales, instando a la Comunidad de Madrid a asumir su responsabilidad y cumplir con las normativas establecidas para asegurar un nivel adecuado de bienestar social en todos los municipios de la región.
